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Sunday, November 15, 2026

El Estado tiene miedo de las canciones pero no de sus propios monstruos

Gabito Ballesteros, cantante
 
 
 


Una descarga contra la censura y la corrupción en México

 

Hay algo profundamente repugnante en un país donde la policía puede interrumpir un concierto, apagar un micrófono y llevarse detenido a un cantante, mientras los grandes expedientes de la corrupción política se arrastran por los pasillos de las fiscalías como cadáveres que nadie se atreve a reconocer.

El 14 de noviembre de 2026, en Querétaro, Gabito Ballesteros fue detenido después de la controversia que provocó la interpretación de canciones consideradas apología del delito durante su presentación en la Feria Internacional Ganadera. En particular, la interpretación de "AMG", tema que comparte con Natanael Cano y Peso Pluma, desencadenó la suspensión de su concierto. La detención ocurrió durante la madrugada y el cantante fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. La autoridad informó de una investigación relacionada con la presunta portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posibles actos de resistencia y desobediencia (Guillén, 2026; La Jornada, 2026; N+, 2026).

Pero el problema no termina en la detención de un cantante. Comienza precisamente allí: en la obscena facilidad con que el poder puede convertir una expresión artística en un problema de orden público, mientras sus propias miserias institucionales permanecen bajo una espesa capa de protección política.

¿Con qué autoridad moral un Estado pretende erigirse en censor de la imaginación popular cuando sus instituciones están atravesadas por sospechas de corrupción, complicidades y privilegios?

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, fue acusado formalmente por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos y acuerdos con integrantes del Cártel de Sinaloa. La acusación, presentada en abril de 2026, incluye señalamientos sobre protección política y colaboración con integrantes de la organización criminal. A medio año de aquellos acontecimientos, las investigaciones continúan sin una resolución judicial definitiva en México. Mientras tanto, el exmandatario ha conseguido recuperar el acceso a determinados recursos mediante un amparo, en medio de un silencio institucional que resulta, cuando menos, inquietante (Pérez, 2026; Carabaña, 2026).

Guadalupe Taddei, expresidente del Instituto Nacional Electoral, tampoco puede escapar al escrutinio público. Su renuncia, presentada en octubre de 2026, estuvo precedida por una crisis relacionada con presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y vínculos entre funcionarios y proveedores. El propio INE presentó una denuncia ante la FGR para que se investiguen posibles conductas delictivas y se deslinden responsabilidades. No hay que confundir las acusaciones con una sentencia, pero tampoco convertir el debido proceso en una coartada para la indiferencia (Associated Press, 2026; Núñez, 2026).

Y entonces aparece la pregunta que debería incendiar las conciencias de quienes administran la justicia: ¿por qué el aparato del Estado parece encontrar tanta determinación para vigilar una canción y tanta dificultad para esclarecer las posibles responsabilidades de quienes han ocupado posiciones de poder?

No se trata de defender los narcocorridos como si fueran una expresión sublime de la libertad humana. Tampoco de ignorar que existe una industria cultural que convierte al sicario en personaje legendario, al narcotraficante en modelo de éxito y a la violencia en mercancía para el consumo masivo. Esa industria merece una crítica severa. Hay que examinar sus mecanismos, sus complicidades económicas y su responsabilidad en la normalización de la violencia. Pero una cosa es la crítica cultural y otra, radicalmente distinta, es entregar al Estado el derecho de administrar la conciencia de los ciudadanos.

Una canción no es un delito por resultar desagradable al gobernante. Una obra artística no puede convertirse automáticamente en evidencia de complicidad criminal.

La libertad de expresión no existe para proteger exclusivamente las canciones que complacen a las buenas conciencias, los discursos que tranquilizan a los funcionarios o las obras que reciben el aplauso de las instituciones. Existe, precisamente, para proteger aquello que incomoda, provoca, escandaliza y obliga a una sociedad a enfrentarse con sus propias contradicciones.

Si los corridos tumbados hablan de un México intoxicado por el dinero, las armas, el narcotráfico y la fascinación por el poder, habría que preguntarse primero qué clase de país ha producido semejante imaginario. ¿Quién construyó el escenario? ¿Quién alimentó la maquinaria? ¿Quién permitió que el crimen se infiltrara en la economía, la política y las instituciones? ¿Quién convirtió la violencia en una experiencia cotidiana?

No son precisamente los cantantes quienes tienen el monopolio de esas respuestas.

La democracia comienza a pudrirse cuando el poder confunde gobernar con disciplinar, legislar con silenciar y procurar justicia con administrar castigos ejemplares para quienes carecen de protección política.

La censura artística es una forma de mutilación de la libertad pública. Pretende extirpar de la cultura aquello que el poder no quiere contemplar, como si prohibir una canción pudiera borrar la realidad que la hizo posible. Pero la violencia no desaparece porque se prohíba cantarla. El narcotráfico no se desmantela apagando un escenario. La corrupción no se combate persiguiendo músicos mientras las redes de complicidad política continúan respirando bajo los escritorios oficiales.

El verdadero escándalo no es que un cantante interprete una canción incómoda. El verdadero escándalo es que un país necesite policías para callar a sus músicos mientras todavía no encuentra fiscales capaces de hacer hablar a sus poderosos.

Porque cuando la autoridad teme más a una canción que a la corrupción, cuando el micrófono recibe una vigilancia que los despachos del poder jamás conocieron, la democracia ya no está simplemente amenazada: está siendo estrangulada por quienes presumen defenderla.

Pero el silencio también es una forma de violencia. Y cuando se impone desde el poder, deja de ser silencio: se convierte en censura.

 


 

Referencias

Associated Press. (2026, 7 de noviembre). INE denuncia ante la FGR presuntas irregularidades en contrataciones durante gestión de Guadalupe Taddei. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2026/11/07/ine-denuncia-ante-la-fgr-presuntas-irregularidades-en-contrataciones-durante-gestion-de-guadalupe-taddei/

Carabaña, C. (2026, 14 de noviembre). Rubén Rocha Moya puede ir al banco de nuevo. El País. https://elpais.com/mexico/2026-11-14/ruben-rocha-moya-puede-ir-al-banco-de-nuevo.html

Guillén, B. (2026, 14 de noviembre). El cantante Gabito Ballesteros, arrestado tras cantar un corrido en Querétaro. El País. https://elpais.com/mexico/2026-11-14/el-cantante-gabito-ballesteros-arrestado-por-cantar-un-corrido-en-queretaro.html

La Jornada. (2026, 14 de noviembre). Gabito Ballesteros es detenido en Querétaro por interpretar canción que promueve la apología del delito. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/11/14/espectaculos/gabito-ballesteros-es-detenido-en-queretaro-por-interpretar-cancion-que-promueve-la-apologia-del-delito

N+. (2026, 14 de noviembre). Detienen a Gabito Ballesteros tras cantar «AMG» en su concierto en Querétaro. https://www.nmas.com.mx/entretenimiento/gabito-ballesteros-es-detenido-tras-cantar-amg-en-feria-de-queretaro-2026-que-dice-la-letra/

Núñez, E. (2026, 7 de noviembre). Guadalupe Taddei se borra del mapa, mientras el INE interpone una denuncia ante la Fiscalía. El País. https://elpais.com/mexico/2026-11-07/guadalupe-taddei-se-borra-del-mapa-mientras-el-ine-interpone-una-denuncia-ante-la-fiscalia/

Pérez, W. S. (2026, 20 de mayo). Qué se sabe de la acusación de EE. UU. contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico. Factchequeado. https://factchequeado.com/teexplicamos/20260520/acusacion-cartel-de-sinaloa-gobernador-mexico-narcotrafico-eeuu/