Resumen
La salida de Mario Méndez Manrique de la Dirección General del Instituto Cultural de León (ICL), en octubre de 2022, fue presentada inicialmente como una renuncia o como una separación de común acuerdo. Sin embargo, la reconstrucción de los acontecimientos permite observar un proceso más complejo: denuncias por hostigamiento laboral, el despido de la directora de Administración y Finanzas, una investigación de la Contraloría relacionada con cinco contratos por $942,274 pesos, la renuncia del presidente del Consejo Directivo, la intervención de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos y, finalmente, la solicitud del propio Consejo para que Méndez dejara el cargo. En 2025, además, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) emitió una resolución de recomendación en el expediente 1008/2022, relacionada con la queja presentada por una funcionaria del ICL. Este artículo reconstruye el episodio desde una perspectiva de investigación periodística y distingue entre hechos documentados, declaraciones de actores institucionales e hipótesis periodísticas acerca de las redes que pudieron favorecer el nombramiento de Méndez en 2021
Introducción
La historia de Mario Méndez Manrique al frente del Instituto Cultural de León duró apenas once meses, pero en ese breve periodo se concentraron varios de los problemas que suelen aparecer cuando la gestión cultural queda atrapada entre las redes personales, las decisiones políticas y la administración burocrática.
Méndez fue designado por el Consejo Directivo del ICL el 5 de noviembre de 2021 y asumió formalmente el cargo el 8 de noviembre. El Ayuntamiento presentó su nombramiento como la llegada de un profesional con experiencia en historia del arte, investigación, moda, docencia y gestión cultural. También recordó que ya había ocupado la Dirección General del instituto en 2009 (Gobierno Municipal de León, 2021).
Sin embargo, prácticamente desde el momento de su designación comenzaron los cuestionamientos. Algunas voces de la comunidad cultural pusieron en duda su perfil y, paralelamente, aparecieron versiones periodísticas acerca de las relaciones personales y políticas que habrían favorecido su regreso al instituto.
Es importante establecer desde el principio una distinción me
todológica: que una versión haya sido publicada por un medio periodístico no significa que haya quedado demostrada. En particular, las versiones que relacionan la candidatura de Méndez con Eduardo Ramírez Valdez y David Ramírez Chávez deben considerarse hipótesis periodísticas y no hechos probados.
La verdadera importancia de esas versiones reside en que permiten formular una pregunta: ¿la crisis de 2022 comenzó realmente con las denuncias de hostigamiento laboral o existían desde 2021 tensiones relacionadas con la manera en que Méndez llegó al cargo?
1. Un director que ya conocía el Instituto Cultural de León
Méndez no era un desconocido para el ICL. Antes de regresar a la Dirección General en 2021 había desempeñado distintos cargos relacionados con las artes y la gestión cultural y había ocupado la dirección del instituto en 2009 (Gobierno Municipal de León, 2021).
Su trayectoria también estaba relacionada con proyectos de arte contemporáneo desarrollados en León. Registros del ICL correspondientes a 2009 lo ubican como curador de exposiciones y participante en proyectos del Festival Internacional de Arte Contemporáneo (Instituto Cultural de León, 2009).
Por ello, su regreso en 2021 no puede interpretarse como la incorporación de un funcionario completamente ajeno al ambiente cultural leonés. Méndez formaba parte de una generación de artistas, gestores, curadores y promotores que habían participado durante años en la construcción de la institucionalidad cultural de la ciudad.
Ese antecedente resulta fundamental para entender las relaciones que posteriormente fueron señaladas alrededor de su nombramiento.
2. La hipótesis de Eduardo Ramírez Valdez y David Ramírez Chávez
Una columna de Francisco Javier Mares publicada en diciembre de 2021, apenas unas semanas después de la designación de Méndez, planteó una versión particularmente significativa. El autor señaló vínculos previos entre Méndez y David Ramírez Chávez y sostuvo que éste había respaldado su trayectoria. La misma columna situó a ambos dentro de una red cultural que venía trabajando desde años anteriores (Mares, 2021).
La columna refiere, por ejemplo, que en 2004 Méndez, David Ramírez Chávez y Juan Meliá participaron en la iniciativa denominada
La toma del Barrio, una exposición efímera de artistas visuales de la región (Mares, 2021).
Este dato sí permite establecer algo concreto: la relación profesional entre Méndez y David Ramírez Chávez precedía ampliamente al nombramiento de 2021.
La hipótesis política es más delicada.
En octubre de 2022, una columna publicada por Periódico Correo sostuvo que el nombramiento de Méndez había recibido el impulso de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos y de su esposo, Eduardo Ramírez Valdez, por encima del Consejo Directivo (Periódico Correo, 2022).
Esta afirmación debe conservarse como hipótesis periodística, no como hecho acreditado. No he encontrado, en las fuentes consultadas, un documento oficial que demuestre que Eduardo Ramírez Valdez haya ordenado, impuesto o negociado el nombramiento de Méndez.
Lo que sí puede documentarse es que esa hipótesis circuló públicamente desde los primeros meses de su gestión y volvió a aparecer con fuerza cuando la crisis institucional llegó a su punto máximo.
3. Un nombramiento formalmente válido, pero políticamente controvertido
El Ayuntamiento sostuvo que Méndez fue elegido por mayoría del Consejo Directivo del ICL. Formalmente, por tanto, el nombramiento correspondió a ese órgano (Gobierno Municipal de León, 2021).
Pero algunas publicaciones periodísticas cuestionaron la forma en que se produjo la designación y señalaron la existencia de resistencias dentro de la comunidad cultural (Ávila, 2021).
Aquí surge una diferencia que conviene conservar:
una cosa es afirmar que el Consejo lo nombró —hecho documentado— y otra sostener que el Consejo simplemente ratificó una decisión tomada previamente fuera de él —hipótesis que no ha quedado demostrada documentalmente.
Esa diferencia es fundamental si se pretende reconstruir el episodio sin convertir las versiones políticas en hechos.
4. El conflicto que transformó una controversia política en una crisis institucional
La crisis estalló en 2022.
Entre el 22 y el 25 de agosto fueron presentadas ante la Contraloría quejas por presunto hostigamiento laboral contra Méndez. Las denuncias fueron integradas en un mismo expediente debido a la similitud de los hechos narrados (Periódico Correo, 2022).
Una de las denunciantes era Lizbeth Orozco Álvarez, entonces directora de Administración y Finanzas del ICL. El conflicto adquirió una nueva dimensión cuando Méndez decidió separarla de su cargo.
El director informó al Consejo Directivo que el despido estaba relacionado con presuntas irregularidades en cinco contratos cuyo monto total ascendía a $942,274 pesos (Periódico Correo, 2022).
La acusación, sin embargo, no equivalía a una responsabilidad administrativa demostrada.
La Contraloría Municipal confirmó que había una investigación abierta, pero señaló expresamente que no se había determinado responsabilidad administrativa contra ningún funcionario. Además, de los cinco contratos investigados, en dos no se encontraron elementos que observar (Periódico Correo, 2022).
Este punto es crucial: no era correcto presentar en ese momento los $942,274 pesos como un desvío de recursos ya probado.
5. La versión de la represalia
La situación tenía otra lectura.
Orozco sostuvo que su despido había sido una represalia por la queja que había presentado contra Méndez por hostigamiento y violencia laboral. La coincidencia temporal era evidente: primero apareció la queja contra el director y posteriormente ocurrió el despido de la funcionaria (Periódico Correo, 2022).
La Contraloría, por su parte, precisó que el dinero correspondiente a los contratos sí había sido ejercido y que la investigación se concentraba en los procedimientos administrativos y en la forma en que se habían realizado las contrataciones (Periódico Correo, 2022).
De esta manera, la crisis adquirió una estructura casi simétrica: el director acusaba a la funcionaria de irregularidades administrativas; la funcionaria acusaba al director de utilizar su posición para tomar represalias contra ella.
Pero esa simetría se modificaría posteriormente.
6. La renuncia del presidente del Consejo
En septiembre de 2022, Gabriel Pérez Navarro dejó la presidencia del Consejo Directivo del ICL. La explicación pública inicial habló de motivos personales, pero diversas informaciones periodísticas relacionaron su salida con diferencias con Méndez (Jaramillo, 2022).
La importancia de este episodio no debe subestimarse.
El presidente del órgano encargado de supervisar al director abandonaba su puesto precisamente cuando el instituto atravesaba una crisis laboral, administrativa y política.
El conflicto ya no era, por tanto, únicamente entre Méndez y una funcionaria. Había comenzado a afectar la estructura de gobierno del propio ICL.
7. El cambio de escenario y la intervención de la alcaldesa
El 6 de octubre de 2022 Iret Vallejo Estevan asumió la presidencia del Consejo Directivo. Pocos días después, Méndez dejó la dirección.
La versión inicial del gobierno municipal fue que la salida se produjo por “mutuo acuerdo”. Sin embargo, posteriormente Jorge Jiménez Lona, entonces secretario del Ayuntamiento, reconoció que el Consejo Directivo había solicitado la salida del director (Esqueda, 2022).
Este reconocimiento modifica sustancialmente la interpretación de lo ocurrido.
La salida ya no puede describirse simplemente como una renuncia espontánea motivada por proyectos personales, aunque Méndez anunció efectivamente su salida mediante un mensaje en el que señaló que continuaría con sus proyectos personales (Kuali Staff, 2022).
Según la reconstrucción publicada entonces, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez habló con las denunciantes y posteriormente con integrantes del Consejo. Después de esas conversaciones se tomó la decisión de pedir la salida de Méndez (Esqueda, 2022). La secuencia resulta reveladora:
denuncias → despido de una funcionaria → crisis interna → renuncia del presidente del Consejo → intervención política de la alcaldesa → decisión del Consejo → salida de Méndez.
8. El finiquito y la cuestión del “mutuo acuerdo”
Méndez había permanecido aproximadamente once meses en el cargo. En noviembre de 2022 se informó que recibiría $455,261 pesos antes de impuestos como finiquito (AM, 2022).
El monto generó cuestionamientos en el Ayuntamiento y llevó al síndico José Arturo Sánchez Castellanos a solicitar un estudio sobre los salarios y prestaciones de los titulares de los organismos paramunicipales (AM, 2022).
El finiquito no demuestra por sí mismo que hubiera existido un despido. Sin embargo, adquiere relevancia cuando se coloca junto a la posterior declaración del secretario del Ayuntamiento de que el Consejo había solicitado la salida.
Por ello, la descripción más prudente es que la separación fue presentada públicamente como una salida acordada, pero se produjo después de que el Consejo Directivo solicitara que Méndez dejara el puesto.
9. Lo que ocurrió después: la resolución de la PRODHEG
El elemento que modifica retrospectivamente la lectura del conflicto es la resolución de la PRODHEG correspondiente al expediente 1008/2022.
La resolución fue emitida el 17 de enero de 2025. El organismo determinó que existieron violaciones a derechos humanos relacionadas con la queja presentada por una trabajadora del ICL y emitió recomendaciones al Consejo Directivo del Instituto Cultural de León (Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato [PRODHEG], 2025).
Entre las medidas recomendadas se incluyeron atención psicosocial a la víctima, el inicio de una investigación por la autoridad competente, la entrega de la resolución al entonces director general Mario Esteban Méndez Manrique y acciones de capacitación dentro del ICL (PRODHEG, 2025). La propia PRODHEG ha descrito el expediente como un caso en el que la persona quejosa denunció hostigamiento laboral, despido y trato indigno el día de su separación (PRODHEG, 2025). Esto constituye un elemento documental posterior de enorme importancia.
La discusión de 2022 podía presentarse como una confrontación entre dos versiones. La resolución de 2025 aporta una conclusión institucional en materia de derechos humanos que ya no permite tratar el asunto simplemente como una disputa laboral sin consecuencias jurídicas.
10. ¿Y qué ocurrió con los $942,274 pesos?
Aquí es necesario mantener todavía mayor prudencia.
En 2022 la Contraloría confirmó la investigación y señaló que no había determinado responsabilidades administrativas (Periódico Correo, 2022).
En 2023 se informó que la investigación había detectado irregularidades en tres de los cinco contratos y que ello ameritaba profundizar la revisión del organismo (Periódico Correo, 2023). Pero una publicación de 2025 añadió un elemento que merece especial atención: durante la investigación de la PRODHEG, Méndez habría reconocido que él mismo aprobó y realizó los pagos a proveedores, aunque sostuvo que había existido un acuerdo con la funcionaria denunciante (Periódico Correo, 2025). Este dato no permite concluir que Méndez haya cometido una irregularidad administrativa ni que Orozco haya sido inocente de cualquier posible responsabilidad en materia de contratación. Pero sí modifica la versión inicial según la cual el asunto podía atribuirse exclusivamente a una funcionaria que habría realizado pagos sin autorización del director.
A la fecha de las fuentes consultadas, no resulta metodológicamente correcto afirmar que los $942,274 pesos fueron un desvío de recursos cometido por Lizbeth Orozco.
11. La hipótesis de las redes políticas
Llegamos así al punto más delicado de la investigación.
Existe una hipótesis periodística según la cual el regreso de Mario Méndez al ICL habría contado con el impulso de Eduardo Ramírez Valdez, esposo de Alejandra Gutiérrez, y con el respaldo de David Ramírez Chávez.
La hipótesis tiene algunos elementos que la hacen investigativamente interesante:
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Méndez y David Ramírez Chávez tenían antecedentes de colaboración cultural anteriores a 2021 (Mares, 2021).
Méndez ya había ocupado la Dirección General del ICL en 2009 (Gobierno Municipal de León, 2021).
Una columna publicada poco después de su nombramiento planteó la existencia de apoyos personales y políticos alrededor de su candidatura (Mares, 2021).
En 2022, otra columna atribuyó directamente a Alejandra Gutiérrez y Eduardo Ramírez Valdez el impulso político de su designación (Periódico Correo, 2022).
Pero esos elementos no constituyen una prueba de que hubiera una imposición política.
La hipótesis puede formularse, pero no debe convertirse en conclusión:
Es posible plantear que las relaciones personales y profesionales de Méndez dentro de determinados círculos culturales y políticos de León contribuyeron a favorecer su regreso al ICL en 2021; sin embargo, las fuentes consultadas no permiten demostrar que Eduardo Ramírez Valdez o David Ramírez Chávez hayan impuesto o negociado formalmente su nombramiento.
Esta distinción es esencial para cualquier investigación seria.
12. Una paradoja: quienes pudieron favorecer su llegada no necesariamente determinaron su permanencia
La historia adquiere una dimensión paradójica si se considera esa hipótesis.
El nombramiento de Méndez fue formalmente aprobado por el Consejo Directivo. Once meses después, ese mismo órgano pidió su salida.
No existe evidencia suficiente para afirmar que las mismas personas que supuestamente favorecieron su llegada hayan decidido posteriormente expulsarlo. Lo que sí puede documentarse es que la administración municipal intervino cuando la crisis alcanzó una dimensión que amenazaba la gobernabilidad del instituto (Esqueda, 2022).
Por ello, sería excesivo afirmar que existe una línea directa entre el supuesto padrinazgo de 2021 y la salida de 2022. Lo que sí puede sostenerse es que la trayectoria de Méndez estuvo atravesada por redes profesionales y relaciones institucionales previas, y que esas redes forman parte del contexto indispensable para comprender la controversia.
Conclusión
La salida de Mario Méndez Manrique del Instituto Cultural de León no fue un episodio administrativo menor.
Comenzó con un nombramiento controvertido, continuó con un conflicto entre el director y una de sus principales colaboradoras, pasó por denuncias de hostigamiento laboral, un despido, una investigación sobre cinco contratos por $942,274 pesos, la salida del presidente del Consejo Directivo y terminó con la propia decisión del Consejo de solicitar la separación del director.
La versión inicial de una salida “de mutuo acuerdo” quedó matizada posteriormente por la declaración del secretario del Ayuntamiento de que el Consejo había solicitado la salida de Méndez (Esqueda, 2022).
La resolución de la PRODHEG de 2025 constituye, además, un elemento posterior que obliga a releer la crisis desde otra perspectiva: el organismo de derechos humanos emitió una recomendación en el expediente 1008/2022 y ordenó diversas medidas relacionadas con las violaciones acreditadas en el caso (PRODHEG, 2025).
La cuestión de los $942,274 pesos, por su parte, permanece en un terreno distinto. Hubo una investigación administrativa y se detectaron elementos que justificaron profundizarla, pero las fuentes consultadas no permiten afirmar que ese dinero haya constituido un desvío imputable a Lizbeth Orozco. La información posterior incluso incorporó la declaración de Méndez acerca de su propia intervención en los pagos (Periódico Correo, 2025).
Finalmente, queda la cuestión de las redes que pudieron estar detrás del nombramiento de 2021. Hay suficientes indicios periodísticos para considerarla una hipótesis legítima de investigación, particularmente por los antecedentes profesionales entre Méndez y David Ramírez Chávez y por las versiones que atribuyeron a Eduardo Ramírez Valdez un papel en su candidatura. Pero no existe, en las fuentes consultadas, evidencia documental suficiente para elevar esa hipótesis a la categoría de hecho.
La historia del ICL en 2021-2022 deja, por tanto, una conclusión menos espectacular pero más sólida: la cultura institucional también es política. No sólo porque administra presupuestos públicos, sino porque en ella circulan personas, lealtades, amistades, trayectorias profesionales y proyectos de ciudad. Cuando esas redes no coinciden con las estructuras formales de gobierno, un nombramiento puede convertirse en una fuente de conflicto; y cuando el conflicto alcanza al propio órgano encargado de supervisarlo, la institución termina pagando el precio.
En el caso de Mario Méndez, la pregunta ya no es únicamente por qué dejó el ICL. La pregunta más interesante es qué condiciones hicieron posible que llegara, por qué su gestión perdió tan rápidamente el respaldo institucional y qué revela esa crisis acerca de la manera en que se toman las decisiones culturales en León.
Referencias
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Esqueda, C. (2022, 13 de octubre). León: Consejo directivo sí pidió la salida del director del ICL, revela Jorge Jiménez. Periódico Correo. https://periodicocorreo.com.mx/leon/2022/oct/13/leon-consejo-directivo-si-pidio-la-salida-del-director-del-icl-revela-jorge-jimenez-62702.html
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Jaramillo, V. (2022, 28 de septiembre). Polémica en ICL: Hostigamiento, renuncia de presidente y señalan a director de conflictivo. Zona Franca. https://zonafranca.mx/politica-sociedad/polemica-en-icl-hostigamiento-renuncia-de-presidente-y-senalan-a-director-de-conflictivo/
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Periódico Correo. (2025, 10 de febrero). Deterioro en penales, una de las herencias de Cabeza de Vaca. https://periodicocorreo.com.mx/opinion/2025/feb/10/deterioro-en-penales-una-de-las-herencias-de-cabeza-de-vaca-120750.html
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