El fuego y el espejo

                                                  Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho',

                                                          líder del Cartel Jalisco Nueva Generación 

El domingo 22 de febrero de 2026 no fue un día: fue una herida. Las fechas, cuando la brutalidad las toca, dejan de ser números en el calendario y se convierten en cicatrices. Lo que ocurrió no pertenece sólo al orden de los hechos; pertenece al orden de los signos.

La muerte de un jefe criminal no es únicamente la caída de un hombre. Es la caída de un símbolo. Durante años, su nombre fue pronunciado en voz baja o exaltado con el tono ambiguo que el mexicano reserva para el poder: mezcla de temor y fascinación. El criminal, en nuestras tierras, no es sólo delincuente; es figura mítica, deformación grotesca del héroe antiguo. En él se cruzan el desafío al Estado y la promesa de riqueza inmediata. Es la caricatura del caudillo. 

Pero la brutalidad y el terrorismo que siguieron a su captura reveló algo más inquietante que su figura. El fuego disperso por ciudades y carreteras fue un lenguaje. Incendiar una tienda, atravesar un tráiler, sembrar cadáveres: cada acto fue una frase escrita con llamas. No se trataba sólo de destruir, sino de significar. El crimen organizado no busca únicamente el control territorial; busca la supremacía simbólica. Quiere demostrar que puede convertir la vida cotidiana en excepción permanente.

Hay, sin embargo, otra dimensión del suceso. La intervención de fuerzas extranjeras en suelo mexicano —si ocurrió— no es un detalle técnico: es un episodio inscrito en nuestra historia. Desde el siglo XIX, México oscila entre la afirmación vehemente de su soberanía y la experiencia reiterada de su vulnerabilidad. Somos un país que se proclama inviolable y, al mismo tiempo, se sabe expuesto. La sombra del vecino poderoso no es nueva; lo nuevo es la naturalidad con que aceptamos su presencia cuando el miedo nos rebasa.

Así, el domingo mostró tres rostros del poder: el del criminal que impone el terror, el del Estado que reivindica el monopolio de la fuerza y el de la potencia extranjera que exhibe su alcance. Tres voluntades que se enfrentan mientras la sociedad contempla, sitiada por la incertidumbre. Entre esos gigantes, el ciudadano común experimenta la intemperie: la sensación de que la ley y el crimen se disputan su destino sin consultarlo.

Pero sería cómodo atribuir toda la tragedia a la colisión de poderes. Más difícil es reconocer nuestra participación silenciosa. Durante décadas, la brutalidad se volvió paisaje. Las cifras sustituyeron a los nombres; la noticia reemplazó al duelo. Aprendimos a convivir con el sobresalto. Y cuando el horror estalla en una jornada multiplicada, descubrimos que no es una anomalía, sino la culminación de una larga tolerancia.

El problema de México no es sólo la inseguridad; es la fractura del sentido. Allí donde la ley pierde legitimidad y la riqueza se convierte en único horizonte, el poder sin límites adquiere prestigio. La brutalidad se vuelve aspiración o destino. El criminal deja de ser excepción y se transforma en posibilidad.

Un país no se define únicamente por sus fronteras, sino por la calidad de sus vínculos. Cuando el terrorismo sustituye a la confianza, la nación se vuelve archipiélago: islas de supervivencia rodeadas por la sospecha. El fuego del domingo no consumió únicamente objetos; iluminó, por un instante terrible, nuestra desunión.

Sin embargo, toda revelación es también una oportunidad. La brutalidad desnuda lo que somos, pero no determina lo que podemos ser. Si el crimen ha sabido convertir el terror en lenguaje, la sociedad debe reaprender el lenguaje de la ley, de la solidaridad y de la responsabilidad compartida. Ninguna captura espectacular resolverá la raíz del mal si no reconstruimos el pacto invisible que nos hace comunidad.

La historia no es destino: es conciencia. Lo ocurrido ese domingo nos obliga a mirarnos sin máscaras. El espejo que nos ofrece el terrorismo es cruel, pero también es preciso. En él vemos no sólo el rostro del criminal o del Estado, sino el nuestro.

Y la pregunta persiste, como una brasa que no se extingue: ¿queremos seguir reconociéndonos en el resplandor del incendio o seremos capaces de encender otra luz, menos fulgurante pero más humana, que nos devuelva el rostro y la palabra?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el asesinato de Carlos Manzo, Morena y la brutalidad consuetudinaria en México

 

El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, no es un accidente político: es una derrota del Estado. Y, como ocurre en las derrotas verdaderas, el perdedor no es sólo el gobernante en turno, sino la comunidad entera que confió en él. La brutalidad no irrumpe en Michoacán y en todo México: se instala, se expande, se vuelve clima. Lo nuevo —y lo más inquietante— es que el gobierno que prometió desmontarla parece haber pactado con su presencia.

En el México gobernado por Morena, la brutalidad no retrocede: es tolerada, explicada, minimizada, justificada. Se le concede una cortesía inquietante: la de no nombrarla por lo que es. Se le llama “herencia”, “provocación”, “excepción”. El lenguaje del poder se ha vuelto un laboratorio de eufemismos. Las palabras ya no designan realidades: las disuelven. El crimen no es crimen: es “incidente”. El fracaso no es fracaso: es “narrativa opositora”.

Mientras tanto, un presidente municipal es asesinado en su propia ciudad. Y, en vez de un relámpago de indignación gubernamental, recibimos un murmullo: promesas, comunicados, condolencias. Los rituales de siempre. El aparato estatal, gigantesco y solemne, actúa como si la brutalidad fuera una lluvia estacional y no una estructura que corroe su potestad.

Morena, que llegó al poder proclamando la regeneración de la vida pública, ha confundido la regeneración con la absolución. Todo se explica, todo se perdona, todo se hereda: nada se asume. El viejo ogro filantrópico —torpe, paternal, hipertrofiado—, resucita bajo nuevas siglas. Y como su antecesor priista, exhibe la misma falla esencial: una ceguera selectiva. Mira lo que le conviene, ignora lo que lo compromete.

El crimen de Uruapan desnuda al Estado. Lo muestra como es: un poder que habla fuerte y actúa débil. Un poder que perdió el monopolio de la violencia pero conserva el de la retórica. Un poder que prefiere movilizar a sus fieles antes que proteger a sus ciudadanos. Toda política que sustituye la responsabilidad por la propaganda acaba por generar su propio laberinto: un sistema que gira en torno a su voz mientras pierde control sobre su territorio.

La muerte de Carlos Manzo interpela al gobierno, pero también a la nación. ¿Cuántos asesinatos más serán necesarios para que la autoridad reconozca que su estrategia ha fracasado? ¿Cuánta sangre debe derramarse antes de aceptar que la “transformación” no ha tocado el nervio de la brutalidad, sino que la ha administrado como un mal inevitable?

No, la brutalidad no es inevitable. La resignación sí lo es, cuando el Estado decide que su primera obligación no es proteger al ciudadano, sino preservar su relato.

México no puede vivir de manera eterna bajo la sombra de un poder que, temeroso de confrontar al crimen, termina administrando la inercia del horror. La muerte de un alcalde no es sólo una nota roja: es un juicio. Y este gobierno, con su mezcla de soberbia y desdén, lo está reprobando.

La pregunta ya no es qué hará el Estado. La pregunta —terrible—, es si aún puede hacer algo.