El sombrero en el reino de las sombras

[Hace unos días el Congreso de Michoacán aprobó una reforma electoral que incluye restricciones a las candidaturas independientes, lo cual fue calificado por el Movimiento del Sombrero como un intento de frenar su avance.]

Hay épocas en las que la política deja de ser una disputa de ideas para convertirse en una disputa por la realidad. No se combate solamente por el poder: se combate por el significado de las palabras. Democracia, justicia, representación, pueblo. Cada una de ellas parece conservar su antigua forma, pero ha cambiado de sustancia. Son máscaras que continúan sonriendo después de haber perdido el rostro.

En ese paisaje de incertidumbre surge el llamado Movimiento del Sombrero en Uruapan. Su origen es una tragedia: el asesinato de un presidente municipal. Su continuidad adopta la figura de la viuda, Grecia Quiroz, convertida por las circunstancias en heredera de una causa que intenta trascender el dolor personal para transformarse en proyecto colectivo. Como ocurre con frecuencia en la historia mexicana, la muerte se convierte en semilla política.

México es un país donde los muertos participan activamente en la vida pública. No gobiernan, pero inspiran; no legislan, pero legitiman. Las revoluciones, los movimientos sociales y aun las campañas electorales suelen alimentarse de ausencias. La memoria de una víctima posee una fuerza moral que ninguna propaganda puede fabricar. Sin embargo, esa misma fuerza encierra un peligro: el de sustituir las preguntas por los símbolos.

El sombrero es un emblema revelador. Objeto campesino, popular y mestizo, pertenece a una tradición que antecede a los partidos y sobrevive a ellos. Su lenguaje es anterior a las ideologías modernas. Quizá por eso el movimiento insiste en declararse apartidista. El sombrero pretende representar algo más profundo que una organización electoral: una comunidad herida que ha perdido la confianza en las estructuras convencionales de representación.

Pero la palabra apartidista contiene una contradicción. Ningún movimiento que aspire a gobernar puede permanecer completamente fuera de la política organizada. La crítica de los partidos no elimina la necesidad de construir instituciones. La indignación puede reunir multitudes; la administración de un estado exige algo distinto: programas, leyes, acuerdos y responsabilidades.

Lo significativo no es que un movimiento rechace a los partidos. Lo significativo es que cada vez más ciudadanos parezcan dispuestos a hacerlo. La desconfianza se ha convertido en uno de los principales hechos políticos de nuestro tiempo. Muchos mexicanos observan a la clase gobernante con una mezcla de escepticismo y resignación. En amplios sectores de la sociedad se ha instalado la percepción de que las fronteras entre el poder legal y las organizaciones criminales son cada vez más difusas, de que las instituciones han sido infiltradas o condicionadas por intereses que operan fuera de la ley, y de que las elecciones no siempre significan una verdadera renovación del poder.

No importa aquí si cada sospecha es cierta o falsa. Lo decisivo es que la sospecha misma ha adquirido categoría histórica. Una democracia puede sobrevivir a la crítica; difícilmente sobrevive a la pérdida generalizada de credibilidad.

En Michoacán, estado marcado durante décadas por la violencia, las autodefensas, los conflictos territoriales y la presencia de grupos criminales, esa desconfianza adquiere una intensidad particular. El ciudadano común contempla un escenario donde las versiones oficiales compiten constantemente con rumores, denuncias y narrativas alternativas. El resultado es una especie de niebla moral. Nadie sabe exactamente dónde termina el Estado y dónde comienzan las fuerzas que desafían o penetran al Estado.

En esa niebla aparece el Movimiento del Sombrero como una promesa de claridad. Pero toda promesa debe enfrentarse a una prueba decisiva: demostrar que no es solamente la negación de lo existente. Los movimientos nacidos del desencanto suelen definir con precisión aquello que rechazan; les resulta más difícil definir aquello que desean construir.

La posible aspiración de competir por la gubernatura representa precisamente ese momento de prueba. Una cosa es simbolizar la inconformidad popular; otra muy distinta es convertirse en alternativa de gobierno. El tránsito entre ambas etapas suele ser el instante en que los movimientos revelan su verdadera naturaleza.

La pregunta fundamental no es si el movimiento vencerá o perderá. La pregunta es otra: ¿puede una fuerza nacida del dolor preservar su independencia cuando entra en el territorio donde operan las ambiciones, las alianzas y los intereses? Toda candidatura es una negociación con la realidad. Y la realidad mexicana posee una extraordinaria capacidad para absorber aquello que intenta transformarla.

Tal vez por eso el sombrero funciona como una metáfora involuntaria de la política nacional. Protege del sol, pero también produce sombra. Bajo su ala pueden refugiarse la esperanza y la simulación, la rebeldía y el oportunismo, la autenticidad y el espectáculo. Nadie puede saber de antemano cuál de esos rostros terminará predominando.

La crisis de los partidos no garantiza el nacimiento de una democracia más profunda. Del mismo modo, la aparición de movimientos ciudadanos no asegura por sí misma una regeneración política. Las sociedades no se salvan mediante símbolos, por poderosos que éstos sean. Se transforman cuando logran convertir sus símbolos en instituciones y sus indignaciones en leyes.

Quizá el verdadero significado del Movimiento del Sombrero no resida en su futuro electoral, sino en la pregunta que formula. Una pregunta incómoda, persistente y necesaria: ¿qué ocurre cuando una sociedad deja de creer en quienes la gobiernan? La historia demuestra que, a partir de ese momento, las estructuras pueden permanecer en pie durante años, pero su legitimidad comienza a vaciarse.

Y cuando la legitimidad se vacía, los pueblos salen en busca de nuevos emblemas. Algunos encuentran ciudadanos. Otros encuentran caudillos. Otros, simplemente, encuentran otro sombrero.

Democracia y poder mediático en México: una reflexión crítica sobre el llamado presidencial contra TV Azteca

La democracia no sólo se sostiene en las elecciones. También depende de la existencia de una esfera pública abierta, plural y crítica donde ciudadanos, periodistas, medios de comunicación y gobierno puedan confrontar ideas sin miedo a represalias políticas. Por ello, cuando una presidente de la República utiliza el poder simbólico de la investidura presidencial para pedir a la población que deje de consumir un medio de comunicación crítico de su gobierno, las implicaciones trascienden una simple disputa política. 

El conflicto deja de ser una diferencia entre gobierno y televisora para convertirse en un debate sobre los límites del poder, la libertad de expresión y la salud democrática del país.

Si una presidente como Claudia Sheinbaum Pardo llama públicamente a no ver canales de TV Azteca debido a su línea crítica hacia el gobierno, el hecho tendría consecuencias profundas para la vida democrática de México. 

Aunque formalmente no represente una censura legal ni una prohibición directa, sí constituye una forma de presión política desde el máximo nivel del Estado. 

En una democracia consolidada, los gobernantes deben tolerar e incluso proteger las voces críticas, porque la crítica es parte esencial del control ciudadano sobre el poder.

Uno de los principales riesgos de este tipo de declaraciones es el debilitamiento del pluralismo informativo. Las democracias necesitan medios diversos: algunos cercanos al gobierno, otros neutrales y otros claramente opositores. 

La coexistencia de perspectivas distintas permite que la sociedad forme opiniones propias. Cuando desde el poder se desacredita sistemáticamente a un medio por sus críticas, se envía el mensaje de que la prensa sólo es legítima cuando coincide con el gobierno. Esa lógica es peligrosa porque transforma la crítica periodística en una supuesta traición política.

Además, las declaraciones presidenciales tienen un peso enorme en México debido a la tradición histórica del presidencialismo. Aunque el país ha avanzado hacia instituciones más democráticas, la figura presidencial sigue teniendo una influencia simbólica muy poderosa. Por ello, una “recomendación” hecha desde la presidencia puede interpretarse como una señal de hostilidad hacia periodistas, conductores o empresas de comunicación. 

Esto puede fomentar campañas de acoso digital, polarización social e incluso autocensura en algunos medios que teman convertirse en el siguiente objetivo político.

Otro aspecto preocupante es la normalización de la confrontación entre gobierno y prensa. Toda democracia vive tensiones entre poder político y medios de comunicación, pero existe una diferencia importante entre responder a críticas con argumentos y promover el rechazo público contra un medio. 

La primera práctica fortalece el debate democrático; la segunda puede deteriorarlo. Un gobierno democrático debe responder con datos, transparencia y rendición de cuentas, no incentivando boicots políticos desde el poder estatal.

También existe el riesgo de profundizar la polarización social. En contextos altamente polarizados, los ciudadanos dejan de evaluar la información por su veracidad y comienzan a juzgarla únicamente según el grupo político del que proviene. 

El resultado es una sociedad fragmentada en “bandos” informativos donde cada sector consume únicamente medios afines a sus creencias. Esto debilita el diálogo democrático y favorece la radicalización política.

Sin embargo, también es importante reconocer que los medios de comunicación no están exentos de crítica. Empresas televisivas como TV Azteca tienen intereses económicos, políticos y editoriales propios. Durante décadas, parte de los grandes medios mexicanos mantuvieron relaciones de cercanía con gobiernos anteriores y en ocasiones actuaron más como actores políticos que como observadores independientes.

En una democracia, la ciudadanía tiene derecho a cuestionar la ética, la objetividad o las prácticas de cualquier medio. El problema aparece cuando esa crítica proviene directamente del aparato presidencial y se formula desde una posición de enorme poder institucional.

La libertad de expresión no implica inmunidad frente a la crítica, pero sí exige condiciones donde ninguna voz sea silenciada indirectamente por presión política. Un presidente o presidenta tiene derecho a defenderse de ataques mediáticos, aclarar información falsa o señalar sesgos periodísticos. Lo que debe evitarse es el uso del poder político para estigmatizar medios críticos o fomentar un clima de hostilidad contra ellos.

México enfrenta actualmente desafíos complejos en materia democrática: violencia contra periodistas, desinformación, concentración mediática y creciente polarización política. En ese contexto, el papel del gobierno debería ser fortalecer las garantías para la libre circulación de ideas, incluso cuando esas ideas resulten incómodas para el poder. La democracia madura no se mide por la facilidad con que un gobierno convive con medios afines, sino por su capacidad para tolerar y respetar a quienes lo cuestionan.

En conclusión, un llamado presidencial a dejar de consumir una televisora crítica tendría implicaciones preocupantes para la vida democrática mexicana. Aunque no equivalga a censura formal, sí representa una presión política que puede debilitar el pluralismo, fomentar la polarización y erosionar la relación entre prensa y poder. 

En una democracia auténtica, los gobiernos deben aceptar que la crítica mediática es parte natural del ejercicio del poder. La libertad de expresión no se protege únicamente permitiendo hablar a los medios favorables, sino garantizando también el espacio de quienes incomodan al gobierno.

El país de la herida abierta

 

 

 

 

 

México siempre ha conversado con sus fantasmas. Los antiguos dioses de piedra exigían sangre para mantener en movimiento al sol; los nuevos dioses, vestidos con trajes oscuros y escoltas blindadas, exigen obediencia, silencio y miedo. Cambian los nombres, cambian las ceremonias, pero permanece intacta la antigua liturgia del poder: dominar mediante el temor. Desde 2018, la nación parece haber descendido a un territorio ambiguo donde el Estado y el crimen ya no se enfrentan como enemigos visibles, sino que avanzan juntos como sombras que han aprendido a confundirse en la misma pared.

 

La consigna de “abrazos y no balazos” apareció como una promesa de reconciliación nacional. El lenguaje quiso sustituir a las armas; la compasión, a la guerra. Pero en México las palabras suelen terminar devoradas por la realidad. Mientras el discurso hablaba de pacificación, los caminos del país se llenaban de retenes invisibles, pueblos sometidos, territorios administrados por hombres sin rostro. La violencia dejó de ser únicamente una batalla entre criminales: se convirtió en una atmósfera, una forma cotidiana del miedo.

 

El mexicano aprendió otra vez a bajar la voz.

 

Hay países donde el Estado impone la ley. En México, vastas regiones parecen vivir bajo una soberanía fragmentada, repartida entre autoridades oficiales y poderes clandestinos. El narcotráfico ya no es únicamente una organización criminal; es una economía, una cultura del terror, una burocracia paralela. Cobra impuestos, decide candidaturas, administra silencios, financia campañas, premia fidelidades y castiga traiciones. Allí donde el gobierno se debilita, el cártel ocupa el vacío con una eficacia brutal.

 

La tragedia no consiste solamente en la expansión del crimen, sino en la sospecha creciente de que el poder político y el poder criminal han dejado de ser realidades separadas. La corrupción mexicana siempre fue una humedad subterránea, pero ahora muchos sienten que esa humedad ha podrido los cimientos mismos de la casa nacional. Las acusaciones sobre presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales han dejado de parecer episodios excepcionales para convertirse, en la imaginación pública, en parte de la normalidad del sistema.

 

Las campañas electorales, que deberían ser celebraciones de la democracia, aparecen rodeadas por rumores persistentes de financiamiento ilícito, presiones territoriales y pactos invisibles. La sospecha erosiona la legitimidad como el salitre devora lentamente una estatua. No importa únicamente si las acusaciones se prueban o no en tribunales; importa que millones de ciudadanos perciban que el poder ya no les pertenece, que las decisiones fundamentales se toman en zonas oscuras donde confluyen dinero, miedo y ambición.

 

La brutalidad devino en paisaje.

 

Las desapariciones forzadas son quizá la metáfora más terrible de nuestro tiempo. En otros siglos, México enterraba a sus muertos; hoy busca a sus desaparecidos en desiertos, montañas y fosas clandestinas. Madres con palas sustituyen a las instituciones. La nación entera parece convertida en un inmenso camposanto sin lápidas. Cada cuerpo hallado en la tierra revela no sólo la ferocidad criminal, sino también la ausencia del Estado. Porque el horror verdadero no es únicamente el asesinato: es la indiferencia posterior.

 

El secuestro, la extorsión y el asesinato dejaron de ser noticias extraordinarias. Son parte del murmullo cotidiano. El comerciante paga para sobrevivir; el periodista calla para no morir; el ciudadano aprende rutas invisibles para evitar retenes criminales. La impunidad no es un error del sistema: es el sistema funcionando. El crimen prospera porque rara vez encuentra castigo, y cuando el castigo no existe, la ley se convierte en una ficción retórica.

 

Mientras tanto, desde Estados Unidos llegan acusaciones, investigaciones, solicitudes de extradición y expedientes judiciales contra personajes vinculados al poder político mexicano. Nombres de gobernadores, funcionarios y operadores aparecen en declaraciones protegidas, investigaciones federales y testimonios judiciales relacionados con organizaciones criminales. Las autoridades mexicanas responden con negaciones, denuncias de intervencionismo o afirmaciones de insuficiencia probatoria. La verdad queda atrapada entre dos narrativas opuestas: la de la inocencia proclamada desde el poder y la de las investigaciones construidas en tribunales extranjeros.

 

Pero el problema de México no es únicamente judicial: es moral.

Una sociedad puede sobrevivir a la pobreza; incluso puede resistir la violencia. Lo que destruye a una nación es acostumbrarse a ellas. Y México parece hallarse precisamente en ese umbral peligroso donde el horror comienza a normalizarse. El miedo ya no produce indignación permanente; produce cansancio. El ciudadano se repliega en la esfera privada, desconfiando de todos: de los policías, de los partidos, de los jueces, de la prensa, del vecino. El tejido social se rompe no con explosiones visibles, sino con pequeñas fracturas diarias de desconfianza.

 

 Octavio Paz escribió que las sociedades terminan pareciéndose a las máscaras que usan. México ha usado demasiadas máscaras: la revolución, la democracia, el progreso, la transformación. Pero debajo de todas ellas persiste un rostro antiguo: el del poder que busca perpetuarse aun a costa de la verdad. El narcoEstado no nace únicamente cuando los criminales penetran al gobierno; nace cuando la sociedad deja de distinguir con claridad entre autoridad y crimen.

 

Entonces todo se vuelve niebla.

 

Y en la niebla, el ciudadano camina solo.

 

 

 

 

 

 

El fuego y el espejo

                                                  Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho',

                                                          líder del Cartel Jalisco Nueva Generación 

El domingo 22 de febrero de 2026 no fue un día: fue una herida. Las fechas, cuando la brutalidad las toca, dejan de ser números en el calendario y se convierten en cicatrices. Lo que ocurrió no pertenece sólo al orden de los hechos; pertenece al orden de los signos.

La muerte de un jefe criminal no es únicamente la caída de un hombre. Es la caída de un símbolo. Durante años, su nombre fue pronunciado en voz baja o exaltado con el tono ambiguo que el mexicano reserva para el poder: mezcla de temor y fascinación. El criminal, en nuestras tierras, no es sólo delincuente; es figura mítica, deformación grotesca del héroe antiguo. En él se cruzan el desafío al Estado y la promesa de riqueza inmediata. Es la caricatura del caudillo. 

Pero la brutalidad y el terrorismo que siguieron a su captura reveló algo más inquietante que su figura. El fuego disperso por ciudades y carreteras fue un lenguaje. Incendiar una tienda, atravesar un tráiler, sembrar cadáveres: cada acto fue una frase escrita con llamas. No se trataba sólo de destruir, sino de significar. El crimen organizado no busca únicamente el control territorial; busca la supremacía simbólica. Quiere demostrar que puede convertir la vida cotidiana en excepción permanente.

Hay, sin embargo, otra dimensión del suceso. La intervención de fuerzas extranjeras en suelo mexicano —si ocurrió— no es un detalle técnico: es un episodio inscrito en nuestra historia. Desde el siglo XIX, México oscila entre la afirmación vehemente de su soberanía y la experiencia reiterada de su vulnerabilidad. Somos un país que se proclama inviolable y, al mismo tiempo, se sabe expuesto. La sombra del vecino poderoso no es nueva; lo nuevo es la naturalidad con que aceptamos su presencia cuando el miedo nos rebasa.

Así, el domingo mostró tres rostros del poder: el del criminal que impone el terror, el del Estado que reivindica el monopolio de la fuerza y el de la potencia extranjera que exhibe su alcance. Tres voluntades que se enfrentan mientras la sociedad contempla, sitiada por la incertidumbre. Entre esos gigantes, el ciudadano común experimenta la intemperie: la sensación de que la ley y el crimen se disputan su destino sin consultarlo.

Pero sería cómodo atribuir toda la tragedia a la colisión de poderes. Más difícil es reconocer nuestra participación silenciosa. Durante décadas, la brutalidad se volvió paisaje. Las cifras sustituyeron a los nombres; la noticia reemplazó al duelo. Aprendimos a convivir con el sobresalto. Y cuando el horror estalla en una jornada multiplicada, descubrimos que no es una anomalía, sino la culminación de una larga tolerancia.

El problema de México no es sólo la inseguridad; es la fractura del sentido. Allí donde la ley pierde legitimidad y la riqueza se convierte en único horizonte, el poder sin límites adquiere prestigio. La brutalidad se vuelve aspiración o destino. El criminal deja de ser excepción y se transforma en posibilidad.

Un país no se define únicamente por sus fronteras, sino por la calidad de sus vínculos. Cuando el terrorismo sustituye a la confianza, la nación se vuelve archipiélago: islas de supervivencia rodeadas por la sospecha. El fuego del domingo no consumió únicamente objetos; iluminó, por un instante terrible, nuestra desunión.

Sin embargo, toda revelación es también una oportunidad. La brutalidad desnuda lo que somos, pero no determina lo que podemos ser. Si el crimen ha sabido convertir el terror en lenguaje, la sociedad debe reaprender el lenguaje de la ley, de la solidaridad y de la responsabilidad compartida. Ninguna captura espectacular resolverá la raíz del mal si no reconstruimos el pacto invisible que nos hace comunidad.

La historia no es destino: es conciencia. Lo ocurrido ese domingo nos obliga a mirarnos sin máscaras. El espejo que nos ofrece el terrorismo es cruel, pero también es preciso. En él vemos no sólo el rostro del criminal o del Estado, sino el nuestro.

Y la pregunta persiste, como una brasa que no se extingue: ¿queremos seguir reconociéndonos en el resplandor del incendio o seremos capaces de encender otra luz, menos fulgurante pero más humana, que nos devuelva el rostro y la palabra?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Sheinbaum Pardo, señora Matanza

 

 

 

La masacre no es una anomalía: es un método. No un accidente, no una desviación del orden, sino la consecuencia lógica de un Estado que ha renunciado a ejercerlo. La brutalidad no surge en los márgenes; ocupa el centro vacío del poder.

En México se mata porque se puede. Y se puede porque nadie responde.

El discurso oficial insiste en tratar cada matanza como un episodio aislado, una erupción momentánea del crimen. Esa insistencia no es ingenua: es una estrategia. Fragmentar la brutalidad es la mejor manera de no asumirla como sistema. Pero cuando las masacres se repiten con regularidad, cuando los domingos se vuelven fechas de duelo previsible, ya no estamos frente al caos: estamos frente a un nuevo orden. Un orden gobernado por la impunidad.

El Estado que no castiga abdica. El que explica demasiado, se justifica. El que promete sin cumplir, miente. Y el que miente de manera reiterada erosiona no solo la ley, sino la idea misma de ciudadanía. Donde la justicia no llega, la brutalidad ocupa su lugar y se convierte en autoridad.

No es solo que falte seguridad: falta responsabilidad política. Falta la aceptación de que gobernar es responder por la vida de los otros. Cuando el poder se limita a administrar cadáveres y a modular el lenguaje para que no escandalice, deja de ser poder y se convierte en aparato.

La masacre es también un mensaje dirigido a los vivos: el Estado no te protegerá. Y cuando ese mensaje se repite sin consecuencias, se vuelve creíble.

Se habla de criminales como si fueran entidades externas, ajenas a la sociedad. Pero ningún crimen organizado florece sin complicidades, sin omisiones, sin zonas grises. La brutalidad no crece en el vacío: se cultiva en la negligencia, en la corrupción tolerada, en el miedo convertido en política pública.

La verdadera derrota no es la pérdida del control territorial, sino la pérdida del control moral.

Una nación que acepta la muerte cotidiana como precio de la estabilidad ha renunciado a la idea de justicia. Y una democracia que no protege la vida deja de serlo, aunque conserve elecciones, discursos y ceremonias. Las formas sobreviven; el fondo se pudre.

La retórica del “ya estamos trabajando” es la nueva forma del cinismo. Prometer sin transformar es prolongar la tragedia. Cada masacre no resuelta es una invitación a la siguiente. Cada expediente que duerme es una bala futura.

No se trata de exigir milagros, sino de exigir verdad, responsabilidad y consecuencias. La política no puede seguir siendo el arte de sobrevivir al escándalo.

Gobernar es impedir que el horror se repita, no acostumbrar a la sociedad a él.

La brutalidad prolongada no sólo mata personas: destruye el pacto social. Convierte al ciudadano en rehén, al silencio en estrategia y al miedo en norma.

Cuando eso ocurre, la barbarie deja de ser una amenaza externa y se vuelve una forma de gobierno.

La pregunta final no es si habrá otra masacre. La historia reciente ya respondió.

La pregunta es si seguiremos llamando normalidad a esta derrota.

Un grupo armado disparó el domingo 25 de enero del 2026 contra un grupo personas que convivían en un campo deportivo de Salamanca, Guanajuato, con saldo de 11 muertos y 12 heridos.

Sobre el asesinato de Carlos Manzo, Morena y la brutalidad consuetudinaria en México

 

El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, no es un accidente político: es una derrota del Estado. Y, como ocurre en las derrotas verdaderas, el perdedor no es sólo el gobernante en turno, sino la comunidad entera que confió en él. La brutalidad no irrumpe en Michoacán y en todo México: se instala, se expande, se vuelve clima. Lo nuevo —y lo más inquietante— es que el gobierno que prometió desmontarla parece haber pactado con su presencia.

En el México gobernado por Morena, la brutalidad no retrocede: es tolerada, explicada, minimizada, justificada. Se le concede una cortesía inquietante: la de no nombrarla por lo que es. Se le llama “herencia”, “provocación”, “excepción”. El lenguaje del poder se ha vuelto un laboratorio de eufemismos. Las palabras ya no designan realidades: las disuelven. El crimen no es crimen: es “incidente”. El fracaso no es fracaso: es “narrativa opositora”.

Mientras tanto, un presidente municipal es asesinado en su propia ciudad. Y, en vez de un relámpago de indignación gubernamental, recibimos un murmullo: promesas, comunicados, condolencias. Los rituales de siempre. El aparato estatal, gigantesco y solemne, actúa como si la brutalidad fuera una lluvia estacional y no una estructura que corroe su potestad.

Morena, que llegó al poder proclamando la regeneración de la vida pública, ha confundido la regeneración con la absolución. Todo se explica, todo se perdona, todo se hereda: nada se asume. El viejo ogro filantrópico —torpe, paternal, hipertrofiado—, resucita bajo nuevas siglas. Y como su antecesor priista, exhibe la misma falla esencial: una ceguera selectiva. Mira lo que le conviene, ignora lo que lo compromete.

El crimen de Uruapan desnuda al Estado. Lo muestra como es: un poder que habla fuerte y actúa débil. Un poder que perdió el monopolio de la violencia pero conserva el de la retórica. Un poder que prefiere movilizar a sus fieles antes que proteger a sus ciudadanos. Toda política que sustituye la responsabilidad por la propaganda acaba por generar su propio laberinto: un sistema que gira en torno a su voz mientras pierde control sobre su territorio.

La muerte de Carlos Manzo interpela al gobierno, pero también a la nación. ¿Cuántos asesinatos más serán necesarios para que la autoridad reconozca que su estrategia ha fracasado? ¿Cuánta sangre debe derramarse antes de aceptar que la “transformación” no ha tocado el nervio de la brutalidad, sino que la ha administrado como un mal inevitable?

No, la brutalidad no es inevitable. La resignación sí lo es, cuando el Estado decide que su primera obligación no es proteger al ciudadano, sino preservar su relato.

México no puede vivir de manera eterna bajo la sombra de un poder que, temeroso de confrontar al crimen, termina administrando la inercia del horror. La muerte de un alcalde no es sólo una nota roja: es un juicio. Y este gobierno, con su mezcla de soberbia y desdén, lo está reprobando.

La pregunta ya no es qué hará el Estado. La pregunta —terrible—, es si aún puede hacer algo.