México siempre ha conversado con sus fantasmas. Los antiguos dioses de piedra exigían sangre para mantener en movimiento al sol; los nuevos dioses, vestidos con trajes oscuros y escoltas blindadas, exigen obediencia, silencio y miedo. Cambian los nombres, cambian las ceremonias, pero permanece intacta la antigua liturgia del poder: dominar mediante el temor. Desde 2018, la nación parece haber descendido a un territorio ambiguo donde el Estado y el crimen ya no se enfrentan como enemigos visibles, sino que avanzan juntos como sombras que han aprendido a confundirse en la misma pared.
La consigna de “abrazos y no balazos” apareció como una promesa de reconciliación nacional. El lenguaje quiso sustituir a las armas; la compasión, a la guerra. Pero en México las palabras suelen terminar devoradas por la realidad. Mientras el discurso hablaba de pacificación, los caminos del país se llenaban de retenes invisibles, pueblos sometidos, territorios administrados por hombres sin rostro. La violencia dejó de ser únicamente una batalla entre criminales: se convirtió en una atmósfera, una forma cotidiana del miedo.
El mexicano aprendió otra vez a bajar la voz.
Hay países donde el Estado impone la ley. En México, vastas regiones parecen vivir bajo una soberanía fragmentada, repartida entre autoridades oficiales y poderes clandestinos. El narcotráfico ya no es únicamente una organización criminal; es una economía, una cultura del terror, una burocracia paralela. Cobra impuestos, decide candidaturas, administra silencios, financia campañas, premia fidelidades y castiga traiciones. Allí donde el gobierno se debilita, el cártel ocupa el vacío con una eficacia brutal.
La tragedia no consiste solamente en la expansión del crimen, sino en la sospecha creciente de que el poder político y el poder criminal han dejado de ser realidades separadas. La corrupción mexicana siempre fue una humedad subterránea, pero ahora muchos sienten que esa humedad ha podrido los cimientos mismos de la casa nacional. Las acusaciones sobre presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales han dejado de parecer episodios excepcionales para convertirse, en la imaginación pública, en parte de la normalidad del sistema.
Las campañas electorales, que deberían ser celebraciones de la democracia, aparecen rodeadas por rumores persistentes de financiamiento ilícito, presiones territoriales y pactos invisibles. La sospecha erosiona la legitimidad como el salitre devora lentamente una estatua. No importa únicamente si las acusaciones se prueban o no en tribunales; importa que millones de ciudadanos perciban que el poder ya no les pertenece, que las decisiones fundamentales se toman en zonas oscuras donde confluyen dinero, miedo y ambición.
La brutalidad devino en paisaje.
Las desapariciones forzadas son quizá la metáfora más terrible de nuestro tiempo. En otros siglos, México enterraba a sus muertos; hoy busca a sus desaparecidos en desiertos, montañas y fosas clandestinas. Madres con palas sustituyen a las instituciones. La nación entera parece convertida en un inmenso camposanto sin lápidas. Cada cuerpo hallado en la tierra revela no sólo la ferocidad criminal, sino también la ausencia del Estado. Porque el horror verdadero no es únicamente el asesinato: es la indiferencia posterior.
El secuestro, la extorsión y el asesinato dejaron de ser noticias extraordinarias. Son parte del murmullo cotidiano. El comerciante paga para sobrevivir; el periodista calla para no morir; el ciudadano aprende rutas invisibles para evitar retenes criminales. La impunidad no es un error del sistema: es el sistema funcionando. El crimen prospera porque rara vez encuentra castigo, y cuando el castigo no existe, la ley se convierte en una ficción retórica.
Mientras tanto, desde Estados Unidos llegan acusaciones, investigaciones, solicitudes de extradición y expedientes judiciales contra personajes vinculados al poder político mexicano. Nombres de gobernadores, funcionarios y operadores aparecen en declaraciones protegidas, investigaciones federales y testimonios judiciales relacionados con organizaciones criminales. Las autoridades mexicanas responden con negaciones, denuncias de intervencionismo o afirmaciones de insuficiencia probatoria. La verdad queda atrapada entre dos narrativas opuestas: la de la inocencia proclamada desde el poder y la de las investigaciones construidas en tribunales extranjeros.
Pero el problema de México no es únicamente judicial: es moral.
Una sociedad puede sobrevivir a la pobreza; incluso puede resistir la violencia. Lo que destruye a una nación es acostumbrarse a ellas. Y México parece hallarse precisamente en ese umbral peligroso donde el horror comienza a normalizarse. El miedo ya no produce indignación permanente; produce cansancio. El ciudadano se repliega en la esfera privada, desconfiando de todos: de los policías, de los partidos, de los jueces, de la prensa, del vecino. El tejido social se rompe no con explosiones visibles, sino con pequeñas fracturas diarias de desconfianza.
Octavio Paz escribió que las sociedades terminan pareciéndose a las máscaras que usan. México ha usado demasiadas máscaras: la revolución, la democracia, el progreso, la transformación. Pero debajo de todas ellas persiste un rostro antiguo: el del poder que busca perpetuarse aun a costa de la verdad. El narcoEstado no nace únicamente cuando los criminales penetran al gobierno; nace cuando la sociedad deja de distinguir con claridad entre autoridad y crimen.
Entonces todo se vuelve niebla.
Y en la niebla, el ciudadano camina solo.
