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Saturday, November 14, 2026

Cuando el poder amenaza a la palabra: el caso de Alex Ramblas y la crisis de las instituciones electorales en México

 

 

La democracia comienza a descomponerse cuando quienes tienen la obligación de garantizar las libertades empiezan a considerar incómodos a quienes las ejercen. Cuando una institución pretende convertir el periodismo en una actividad sometida a sus requerimientos, cuando la burocracia se transforma en instrumento de intimidación y cuando el poder exige explicaciones a quienes lo cuestionan, algo esencial comienza a quebrarse en el edificio democrático.

México parece asistir a una de esas escenas en las que la realidad política adquiere dimensiones grotescas. Las instituciones hablan de legalidad, transparencia y democracia, pero sus actuaciones producen preguntas cada vez más inquietantes sobre el verdadero significado de esas palabras.

El caso del periodista Alex Ramblas y las actuaciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) no pueden entenderse como un simple desencuentro entre un comunicador y una autoridad administrativa. Lo que está en juego es mucho más profundo: la relación entre el poder y la palabra, entre la autoridad y la crítica, entre el derecho de los ciudadanos a estar informados y la pretensión de las instituciones de controlar aquello que se dice sobre ellas.

Porque una democracia no se mide únicamente por la cantidad de elecciones que celebra, por las urnas que instala o por los discursos que pronuncian sus funcionarios. Se mide, fundamentalmente, por la posibilidad de cuestionar al poder sin que ese ejercicio se convierta en una amenaza para quien lo realiza.

Y cuando un periodista tiene que defender sus fuentes frente a una autoridad electoral, la pregunta es inevitable: ¿quién vigila a quienes tienen la responsabilidad de garantizar la democracia? 


La maquinaria institucional contra el periodismo

El 11 de noviembre de 2026, Aristegui Noticias informó que el periodista Alex Ramblas denunció requerimientos del IEEG para entregar información relacionada con dos investigaciones electorales que involucran publicaciones periodísticas sobre un senador y una presidenta municipal.

De acuerdo con el testimonio del comunicador, el instituto le solicitó materiales de trabajo, fotografías, videos, convocatorias, información sobre otros periodistas y datos relativos a sus fuentes. También denunció la posibilidad de enfrentar multas de hasta 5,000 UMA por expediente, equivalentes aproximadamente a 586 mil pesos cada una.

Ramblas informó, además, que recibió dos amonestaciones públicas por no responder a los primeros requerimientos y anunció que impugnaría las determinaciones.

Conviene distinguir: las amonestaciones públicas fueron impuestas; las multas económicas fueron advertidas como posibles consecuencias, no como sanciones ya ejecutadas.

Pero incluso con esa precisión, el problema resulta profundamente preocupante.

El periodista no es un empleado de la autoridad electoral. No es un auxiliar administrativo de los funcionarios públicos ni tiene la obligación de convertirse en proveedor de información para completar los expedientes de quienes ejercen el poder. Su responsabilidad profesional consiste en investigar, documentar, preguntar, contrastar y publicar información de interés público.

Para hacerlo necesita independencia. Necesita poder proteger sus fuentes. Necesita conservar la libertad de decidir qué materiales forman parte de su trabajo y bajo qué condiciones puede compartirlos.

Las fuentes periodísticas no son simples piezas de un rompecabezas burocrático. Son personas que confían información a un comunicador bajo condiciones de reserva y confidencialidad. Los materiales de trabajo tampoco son una extensión automática de los archivos institucionales.

Naturalmente, ninguna actividad periodística está por encima de la ley. Las autoridades electorales tienen facultades de investigación y pueden requerir información conforme al marco jurídico. Pero esas atribuciones no son ilimitadas: deben respetar la Constitución, la libertad de expresión, el secreto profesional y los principios de necesidad y proporcionalidad.

La pregunta fundamental es si una autoridad puede convertir sus facultades de investigación en un mecanismo de presión para que un periodista revele aquello que constituye precisamente una de las garantías esenciales de su profesión.

Porque cuando un comunicador debe elegir entre proteger sus fuentes o exponerse a sanciones económicas extraordinarias, la libertad de expresión deja de ejercerse en condiciones de igualdad frente al poder.

Y entonces aparece la amenaza más peligrosa: la posibilidad de que el miedo sustituya a la libertad. 

 

El poder que no soporta ser observado 

Hay algo profundamente contradictorio en que una institución cuya razón de existir es garantizar la legalidad de los procesos democráticos termine envuelta en una controversia sobre los límites de la libertad de expresión.

El caso de Ramblas tampoco aparece en el vacío.

En diciembre de 2023, el IEEG fue cuestionado por ordenar el retiro de publicaciones periodísticas que reproducían declaraciones de dirigentes políticos. El Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato manifestó entonces preocupaciones por las posibles afectaciones a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a estar informada.

Aquel episodio estuvo relacionado con una denuncia por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género. El propio Ramblas recordó ese antecedente al denunciar las actuaciones actuales y señaló que había obtenido una resolución favorable del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato frente a aquella determinación.

La reiteración de controversias obliga a formular una pregunta esencial: ¿dónde termina la protección legítima de los derechos político-electorales y dónde comienza la posibilidad de restringir indebidamente el trabajo periodístico?

La violencia política contra las mujeres es un problema real que merece atención y respuestas institucionales. Pero su combate no puede convertirse en una autorización general para silenciar la reproducción de declaraciones de actores políticos ni para trasladar automáticamente a los periodistas la responsabilidad por las expresiones de las personas a las que entrevistan.

Una cosa es investigar una conducta posiblemente ilícita. Otra, por completo distinta, es convertir la actividad informativa en objeto de sospecha permanente.

El problema adquiere dimensiones todavía más delicadas cuando la autoridad parece olvidar que el periodismo no es una concesión del poder. Es una condición indispensable para que la sociedad pueda conocer, discutir y cuestionar las decisiones de quienes la gobiernan.

La institución que debería garantizar las condiciones de la deliberación pública no puede convertirse en una maquinaria que intimide a quienes contribuyen a hacerla posible.

El expediente no puede estar por encima de los derechos fundamentales. La burocracia no puede sustituir a la justicia. Y la autoridad administrativa no puede confundir sus atribuciones legales con una autorización para disponer de la libertad de los demás. 

 

El INE bajo sospecha: la crisis de quienes debían garantizar la confianza

La controversia de Guanajuato adquiere una dimensión nacional particularmente delicada por el contexto que atraviesa el Instituto Nacional Electoral.

Durante octubre y noviembre de 2026, el INE quedó envuelto en un escándalo relacionado con presuntas irregularidades en contrataciones públicas y posibles conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Las revelaciones periodísticas señalaron relaciones cuestionadas entre funcionarios y proveedores, posibles mecanismos de simulación de competencia y contratos bajo sospecha. Las investigaciones de los órganos de control y las actuaciones de las autoridades fiscalizadoras abrieron interrogantes sobre el manejo de recursos públicos y la integridad administrativa del organismo.

El 25 de octubre, Taddei anunció su renuncia a la presidencia del instituto, después de las revelaciones y cuestionamientos relacionados con proveedores y contrataciones.

Posteriormente, el propio INE anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar posibles delitos relacionados con esos procedimientos.

Es indispensable precisar que las investigaciones por presuntas irregularidades no equivalen a una sentencia penal condenatoria. Las responsabilidades individuales deben determinarse mediante procedimientos legales y pruebas.

Sin embargo, que no exista una sentencia definitiva no significa que la gravedad institucional de los hechos investigados deba minimizarse.

El INE no es una dependencia administrativa cualquiera. Es una de las instituciones fundamentales del sistema democrático mexicano. Su autoridad no descansa exclusivamente en las atribuciones que le concede la Constitución, sino también en la confianza pública que inspira su actuación.

Cuando esa confianza se deteriora por denuncias de corrupción, conflictos de interés y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, el daño trasciende a los funcionarios involucrados. Se compromete la credibilidad del árbitro electoral.

Y aquí aparece una contradicción que resulta imposible ignorar: mientras la autoridad electoral nacional enfrenta cuestionamientos sobre la integridad de su propia administración, periodistas que investigan asuntos relacionados con la vida política se encuentran ante requerimientos que pueden comprometer sus fuentes y materiales de trabajo.

No se trata de afirmar que el IEEG sea responsable de los hechos investigados en el INE, ni de atribuirle automáticamente las conductas de otra institución. Tampoco de sostener, sin pruebas, que las actuaciones contra Ramblas formen parte de una operación coordinada de censura.

La relación entre ambos episodios es institucional y democrática: los dos obligan a examinar los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y protección de los derechos fundamentales dentro de las autoridades electorales mexicanas.

La pregunta es elemental: ¿cómo puede una institución exigir confianza ciudadana si no garantiza la transparencia de sus procedimientos y el respeto irrestricto a los derechos que tiene la obligación de proteger?

El problema no es solamente quién ocupa una presidencia, quién renuncia o quién enfrenta una investigación. El problema es qué mecanismos existen para impedir que las instituciones se conviertan en espacios de opacidad, privilegios y poder sin vigilancia.

La democracia no puede exigirle transparencia al ciudadano y reservarse para sí misma el derecho a la oscuridad. 


Una democracia sin periodismo libre es una democrracia mutilada

México arrastra una contradicción cada vez más evidente: mientras sus instituciones proclaman la defensa del Estado de Derecho, los episodios de corrupción investigada, opacidad, abuso de atribuciones y falta de rendición de cuentas ponen a prueba la credibilidad de quienes ejercen el poder público.

El problema no consiste simplemente en que existan funcionarios investigados. Las democracias tienen la obligación de investigar a sus propios servidores públicos. El problema aparece cuando los mecanismos de vigilancia resultan insuficientes, cuando las responsabilidades se diluyen y cuando quienes deberían garantizar los derechos ciudadanos se convierten, a su vez, en objeto de cuestionamientos.

En ese escenario, el periodismo desempeña una función que no puede sustituir ningún organismo público: observar al poder desde fuera de sus estructuras, documentar sus contradicciones y hacerlas visibles.

Por eso, lo que sucede con Alex Ramblas importa mucho más allá de su situación individual.

Si un periodista debe calcular el costo económico de proteger sus fuentes, si tiene que preguntarse si publicar una entrevista puede desencadenar un procedimiento administrativo o si investigar a un funcionario puede terminar comprometiendo sus herramientas de trabajo, la libertad de expresión comienza a existir solamente en el papel.

Y una libertad que se ejerce bajo amenaza permanente deja de ser plenamente libre.

Los artículos 6.º y 7.º de la Constitución mexicana establecen garantías fundamentales para la libertad de expresión, la difusión de información y el ejercicio de la actividad periodística. Estas disposiciones deben interpretarse también a la luz de los estándares internacionales de protección de la prensa y del secreto profesional.

No son privilegios gremiales. Son garantías de la sociedad.

Cuando se amenaza a un periodista no solamente se amenaza a una persona que escribe, entrevista o publica. Se amenaza también a los ciudadanos que dependen de su trabajo para conocer lo que sucede en las instituciones que administran sus recursos y ejercen autoridad en su nombre.

La censura no siempre necesita una orden explícita de silencio. A veces basta con construir un entorno en el que informar resulte demasiado costoso, demasiado peligroso o demasiado complicado.

La autocensura es una de las consecuencias más eficaces de la intimidación institucional.

Un periodista que decide no publicar una investigación por temor a una sanción económica representa una pérdida democrática que no aparece en las estadísticas electorales. Una fuente que deja de hablar porque teme ser identificada representa otra pérdida. Una ciudadanía que desconoce información relevante porque quienes podrían revelarla han sido intimidados representa una tercera.

El daño se acumula silenciosamente, hasta que la sociedad termina acostumbrándose a no saber. 


La legalidad no puede convertirse en instrumento de intimidación

El Estado de Derecho no consiste en que las autoridades puedan imponer sanciones porque disponen de facultades para hacerlo. Consiste en que esas facultades estén limitadas por la Constitución, sujetas a controles judiciales y ejercidas con respeto a los derechos fundamentales.

La legalidad no es una patente de corso para el poder.

En el caso del IEEG, resulta indispensable examinar la pertinencia de los requerimientos dirigidos a Ramblas, su proporcionalidad, la protección de las fuentes periodísticas y la existencia de mecanismos efectivos de impugnación.

La autoridad debe explicar públicamente por qué considera indispensable determinada información y por qué no existen medios menos restrictivos para obtenerla. También debe demostrar que sus actuaciones no producen una afectación injustificada al ejercicio del periodismo.

En el caso del INE, las investigaciones deben avanzar con independencia, transparencia y respeto al debido proceso. Los posibles conflictos de interés y las irregularidades contractuales deben esclarecerse, identificando las responsabilidades que correspondan, sin convertir la investigación en un instrumento de persecución política.

Son exigencias distintas, pero pertenecen a una misma arquitectura democrática: nadie debe estar por encima de la ley, tampoco quienes tienen la responsabilidad de aplicarla.

Las instituciones no son propietarias de la democracia. Son instrumentos creados para servirla.

Su autoridad no proviene de sus edificios, presupuestos, sellos o ceremonias. Proviene de la confianza ciudadana y del respeto efectivo a los derechos que están obligadas a proteger.

Cuando esa confianza se deteriora, no basta con emitir comunicados para recuperarla. Se necesitan explicaciones, responsabilidades, transparencia y garantías de no repetición. 


El precio de silenciar una voz

Hay una forma de violencia institucional que no necesita golpes ni amenazas explícitas. Puede manifestarse a través de procedimientos interminables, requerimientos desproporcionados, advertencias económicas y expedientes que convierten el ejercicio de un derecho en una fuente permanente de angustia.

Es la violencia de la desproporción.

La de colocar a un periodista frente a la posibilidad de una multa millonaria por proteger aquello que considera parte de su responsabilidad profesional.

La de obligar a la ciudadanía a preguntarse si sus instituciones electorales están más interesadas en proteger la democracia o en protegerse a sí mismas de las preguntas que la democracia exige.

El poder no necesita declarar que quiere silenciar a alguien para producir un efecto intimidatorio. A veces basta con que sus procedimientos generen suficiente incertidumbre para que otros periodistas, al observar lo ocurrido, decidan guardar silencio antes de enfrentarse a una situación semejante.

Ese es precisamente el riesgo que debe evitarse.

La libertad de expresión no puede depender del humor de los funcionarios, de la interpretación discrecional de los reglamentos o de la capacidad económica de un periodista para defenderse frente a la administración pública.

El periodismo puede equivocarse, puede ser cuestionado y debe responder por sus responsabilidades legales. Pero no puede convertirse en una actividad subordinada a las autoridades que tiene derecho a investigar. 


Epílogo: cuando el poder comienza a temerle a la palabra

El caso de Alex Ramblas plantea una cuestión que rebasa las fronteras de Guanajuato y alcanza el corazón mismo de la democracia mexicana.

¿Qué clase de democracia puede construirse cuando sus autoridades electorales se encuentran bajo cuestionamiento público por presuntas irregularidades y, al mismo tiempo, los periodistas enfrentan procedimientos que ponen en tensión el ejercicio de su profesión?

¿Qué significa defender el Estado de Derecho si las garantías constitucionales parecen convertirse en obstáculos administrativos para quienes ejercen la libertad de informar?

¿Qué queda de la confianza ciudadana cuando las instituciones reclaman obediencia, pero no siempre consiguen ofrecer explicaciones convincentes sobre su propia actuación?

No hay democracia sin elecciones, pero tampoco hay democracia suficiente con elecciones solamente.

Se necesitan instituciones independientes, autoridades sujetas a rendición de cuentas, procedimientos transparentes, tribunales capaces de proteger los derechos fundamentales y una prensa libre que pueda investigar sin temor a represalias.

La crisis de confianza en el INE durante la gestión de Guadalupe Taddei y la controversia del IEEG con Alex Ramblas deben servir para discutir precisamente esas condiciones. No para condenar anticipadamente a personas cuya responsabilidad debe probarse, sino para exigir que ninguna institución se convierta en territorio de impunidad ni en espacio donde la crítica sea tratada como una amenaza.

La democracia no se defiende silenciando a quienes la observan. Se defiende permitiéndoles hablar, investigar y cuestionar.

Al final, la escena es brutalmente sencilla: un periodista frente a una institución monumental, con sus expedientes, sus reglamentos, sus recursos y sus advertencias económicas. Frente a él, una sociedad que necesita saber qué sucede detrás de las puertas del poder.

La institución tiene el aparato. Tiene los recursos. Tiene la autoridad administrativa.

El periodista tiene la palabra.

Pero esa palabra no le pertenece exclusivamente a él. Pertenece también a los ciudadanos que necesitan conocer la verdad sobre quienes gobiernan en su nombre.

Porque cuando el poder comienza a exigir que el periodista entregue sus fuentes, lo que está en disputa no es solamente un expediente electoral: es el derecho de una sociedad a conocer la verdad sobre sus instituciones.

Y cuando una democracia comienza a temerle a la palabra, debería preguntarse si todavía está defendiendo la libertad o si simplemente está administrando las apariencias de su propia existencia.

 

 

Referencias documentales y periodísticas:

1. Caso Alex Ramblas e Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

2. Antecedentes de controversias entre el IEEG y la libertad de expresión

3. Escándalo de presuntas irregularidades en el INE durante la gestión de Guadalupe Taddei

4. Marco constitucional

 

 

Monday, August 17, 2026

El país de después




Hay pueblos que viven pendientes del mañana. El mexicano, con frecuencia, vive en un mañana que nunca termina de llegar.

Decimos: "mañana", pero rara vez queremos decir simplemente el día siguiente. Mañana es una promesa, una posibilidad, una manera de aplazar el presente sin negarlo del todo. Cuando fijamos una fecha, creemos haber resuelto algo. En realidad, apenas hemos trasladado el problema a otro punto del calendario.

El acuerdo se convierte entonces en una especie de espejismo. Dos personas convienen en encontrarse el martes. Llega el martes y una de ellas no aparece. Se explica: surgió un inconveniente, no pudo ser, habrá que dejarlo para el jueves. El jueves tampoco. Entonces aparece una nueva fecha, y después otra. Lo que debía ser un compromiso se transforma poco a poco en una sucesión de disculpas.

Lo curioso es que nadie parece haber roto el acuerdo. Simplemente se ha pospuesto.

Y en esa pequeña palabra —posponer— se esconde uno de nuestros males cotidianos. Posponer parece menos grave que incumplir. Incumplir tiene un rostro; posponer tiene siempre una justificación. El incumplimiento hiere nuestra imagen de nosotros mismos; el aplazamiento nos permite conservarla intacta. No hemos fallado, nos decimos: sólo necesitamos un poco más de tiempo.

Pero el tiempo de uno no es solamente suyo.

Cuando alguien posterga un acuerdo, dispone también del tiempo ajeno. Hace esperar al otro, altera sus planes, le impone costos, le obliga a reorganizar su vida. Una hora perdida por quien incumple puede convertirse en un día perdido para quien esperaba. Y cuando el aplazamiento se repite, el perjuicio deja de ser accidental: se convierte en una forma de injusticia.

Hay aquí una paradoja profundamente mexicana: podemos ser extraordinariamente hospitalarios con las personas y, al mismo tiempo, extraordinariamente descuidados con su tiempo. Nos ofende que alguien nos trate con desprecio, pero no siempre advertimos que hacer esperar indefinidamente a otro también es una forma de desprecio.

La impuntualidad no consiste únicamente en llegar tarde. Existe una impuntualidad más profunda: la de la palabra.

Una palabra dada debería tener un peso. "Estaré allí", "lo entregaré el viernes", "nos veremos a las cinco", "mañana queda resuelto". Cada una de estas frases establece un pequeño pacto entre dos seres humanos. Cuando la palabra deja de obligarnos, el lenguaje pierde parte de su dignidad y el vínculo social se vuelve incierto.

Quizá por eso la impuntualidad termina produciendo algo más grave que retrasos: produce desconfianza.

El hombre que ha prometido varias veces y no ha cumplido termina rodeado de personas que ya no creen en sus fechas. Sus "mañana" dejan de significar mañana. Sus compromisos necesitan confirmación, recordatorios, llamadas, advertencias y, finalmente, vigilancia. La sociedad comienza entonces a gastar una cantidad enorme de energía en comprobar aquello que debería darse por supuesto.

Una comunidad funciona, en buena medida, gracias a la confianza. Sin ella, cada acuerdo necesita un vigilante, cada promesa un contrato y cada fecha una amenaza.

No se trata, sin embargo, de afirmar que el mexicano sea por naturaleza irresponsable. Esa explicación sería demasiado cómoda y, por ello mismo, falsa. Hay millones de mexicanos puntuales, responsables y rigurosos. El problema aparece cuando ciertas conductas se vuelven toleradas, cuando la excepción se convierte en costumbre y la costumbre termina presentándose como carácter nacional.

Decimos entonces: "así somos"

Ésta es quizá la frase más peligrosa.

Porque cuando una sociedad convierte un defecto en identidad, deja de combatirlo. La impuntualidad deja de ser una falta que debe corregirse y se transforma en una característica pintoresca. La informalidad se confunde con espontaneidad; la indulgencia con bondad; la capacidad de improvisar con capacidad de resolver. Y mientras celebramos nuestra habilidad para "sacar las cosas al final", olvidamos preguntarnos cuántas personas tuvieron que pagar el precio de ese final.

Hay una solución sencilla, aunque no fácil: devolverle consecuencias a la palabra.

Si acordamos una fecha, debemos tratarla como una obligación y no como una sugerencia. Si sabemos que no podremos cumplir, debemos decirlo antes de que llegue el día, no después. Y si el incumplimiento causa un perjuicio, debemos reconocerlo sin convertir la disculpa en una coartada.

También habría que educar desde pequeños en una idea elemental: el tiempo del otro merece el mismo respeto que el propio.

No basta con enseñar a los niños a llegar a tiempo a la escuela. Hay que enseñarles que llegar tarde significa que alguien ha tenido que esperarlos. No basta con exigir puntualidad en el trabajo. Hay que comprender que un trabajador, un cliente, un proveedor o un ciudadano también posee una vida que continúa mientras nosotros incumplimos.

Tal vez el cambio cultural comience con algo aparentemente insignificante: dejar de decir "mañana" cuando queremos decir "no sé".

La honestidad puede ser más útil que la promesa.

Es preferible decir: "No puedo comprometerme para el viernes" que prometer el viernes y llegar el lunes con una explicación. Es preferible reconocer una imposibilidad que fabricar una esperanza. Porque una negativa clara permite al otro buscar alternativas; una promesa incumplida le roba, además del tiempo, la posibilidad de decidir.

Quizá necesitamos recuperar el antiguo valor de la palabra empeñada. No como solemnidad ni como moralismo, sino como una forma elemental de respeto.

El futuro comienza, en realidad, en el momento en que pronunciamos una fecha.

Cuando decimos "el martes", estamos haciendo una pequeña apuesta contra el caos. Estamos diciendo que el tiempo puede ser compartido, que dos voluntades pueden coincidir y que la palabra humana todavía puede ordenar un fragmento de la realidad.

Cumplir un acuerdo es, por eso, algo más que llegar a tiempo.

Es decirle al otro: tu tiempo cuenta; tu confianza cuenta; tu vida cuenta.

Y quizá una sociedad empieza a ser responsable cuando descubre que el mañana no es un lugar donde podemos esconder eternamente nuestras obligaciones, sino un día que, tarde o temprano, se convierte en presente.

El mañana llega siempre.

Lo que no siempre llega es aquello que prometimos hacer en él.

 

 

 

 

Wednesday, July 29, 2026

'Disoluta', poemario de Yadira Moreno Ramírez




Con este poemario, Yadira Moreno se consolida como una de las poetas de habla hispana cuya audacia carece de contradicción —en sentido spinozista— , y la sitúa en su singularidad como una de las voces poéticas más eminentes de Iberoamérica.

Del verso libre, pasando por el esquema cuadrangular (el haiku de cuatro versos), el caligrama, los nacorismos y poemas en prosa, 'Disoluta' — del latín 'dissolūtus', participio pasivo de dissolvĕre disolver, disipar— , nos plantea enigmas de principio: ¿qué es lo que se esfuma, desvanece, aclara, evapora, borra, clarifica, desagua, desaparece, elimina, esclarece? ¿Que es, por otro lado,, lo que se gasta, malbarata, pierde, derrocha, despilfarra, dilapida, malgasta?

Las respuestas corren por cuenta del lector. Sobre esto volveré más tarde. Al respecto sólo agregaré, como escribe Gadamer, que «el arte es una fiesta» y como tal siempre es la misma y siempre diferente, distinta. Con cada lectura algo nuevo adviene y los poemas constituyen un rizoma cuyo campo de sentido crea un circuito de intensidades —Deleuze-Guattari 'dixit'—potenciado en la vivencia estética que no es otra cosa que la experiencia de la Verdad.

El poemario está compuesto de tres partes y una coda: 'Rústico fervor', 'La nada me da risa', 'Alcaudón' y 'Sueños lúcidos'. La autora habla desde y hacia sí misma, también invoca lo mismo a Príapo que a Tlazoltéotl o al Dios Dinero, etc. La melancolía —alegría en la tristeza— es una forma de la expresividad que a través suyo los transita.

A semejanza de Michaux, la autora desea «sorprender misterios ocultos en otra parte» ('Connaissance par les gouffres'). La mención del crico y la marihuana no es gratuita. Se trata de una tarea de exploración a través del libre desarrollo de la personalidad poética. Una tarea disoluta enfocada en sí misma.

«No hay poema que no se abra como una herida», afirma Derrida. Poesía del dolor, de la soledad, del abismo, de la elegía y el sufrimiento, lo que tenemos frente a nosotros puede causar incomodidad pues su autora no es una poeta complaciente con su lector. He ahí, además, la audacia que mencioné al principio. Por ello, como escribe Rainer Maria Rilke en Elegías de Duino, «la belleza no es sino el nacimiento de lo terrible».

Además de poeta, filósofa y periodista, Yadira Moreno, es una lectora insasiable y una observadora de la realidad y de la verdad que hay en ésta. Sus influencias no son sólo literarias —en este sentido la autora sigue la consigna de Bashó: «No sigas las huellas de los antiguos. Busca lo que ellos buscaron»— también son musicales. Sus epígrafes incluyen a 'Little trouble girl’ de Sonic Youth ‘y a Nacha Guevara en una sugerencia a pie de página. En uno de sus poemas expresa: «Adoro a Vivaldi y /a Chopin como /adoro a La Santaera /y a Los Askis».

'Disoluta' incluye poemas eróticos donde la autora es la protagonista. 'Alcaudón' es uno de ellos; el suyo es de un erotismo lóbrego y bello que conturba: amor a muerte.

Heredera de Sade y con la elegancia de la escritora Gabrielle Wittkop podemos decir que con este libro estamos ante una poeta mayor, «la jeune dame indigne».

Concluyo con estas palabras de Chantal Maillard: «La poesía que necesitamos es aquélla capaz de devolvernos la conciencia de una semejanza fundamental, aquélla que nos permita el reconocimiento de nuestra común condición en la singularidad de cada acontecimiento. El poeta al que convocamos no habrá de evadirse de lo concreto. Muy al contrario, allí es donde hallará lo esencial; no lo universal, la idea vaciada de accidentes, sino la radical infinitud de cada cosa. El poeta que requerimos será aquél que tenga oído para captar el ritmo, la vibración de un ente, su sonoridad, su peculiar forma de vibrar y la capacidad de transmitirlo.»

Tuesday, July 21, 2026

El teatro de la salud mental en Guanajuato


Hay instituciones que no curan: representan. No alivian: escenifican. El Centro de Atención Integral a la Salud Mental (CAISAME), en León, Guanajuato, parece haberse convertido en uno de esos escenarios donde la promesa de la atención pública se reduce a una escenografía montada de manera cuidadosa mientras, detrás del telón, los pacientes esperan. Se habla de salud mental con discursos solemnes. 

La directora del CAISAME en León, Guanajuato, doctora Ana Bertha Meza Pérez, y las autoridades de salud del estado, encabezadas por el secretario, el doctor Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, afirman trabajar por el bienestar de los guanajuatenses. Pero para quien depende de un medicamento que simplemente no está disponible durante semanas, las palabras dejan de ser un compromiso y se transforman en un ruido hueco.

¿Qué significa hablar de atención integral cuando medicamentos como el alprazolam permanecen desabastecidos durante tanto tiempo? ¿Qué significa decir que existe seguimiento cuando el único puente entre la institución y el paciente es un número telefónico —4777400135— que permanece fuera de servicio? El silencio del teléfono se convierte en la voz auténtica de la institución: una voz que no responde.

Podemos reconocer, entonces, en este lugar, uno de los teatros más crueles: no el de la violencia explícita, sino el de la indiferencia burocrática. 

Un teatro donde el enfermo interpreta el papel del suplicante, obligado a regresar una y otra vez para escuchar la misma respuesta: "todavía no llega". Donde la incertidumbre se administra con mayor constancia que los medicamentos.

La farmacia, que debería ser el último eslabón de la atención, termina siendo para muchos pacientes una experiencia marcada por la desinformación, la falta de empatía y un trato que se percibe despótico. 

Cuando una persona vive con ansiedad u otro padecimiento psiquiátrico, no recibe únicamente una caja de medicamento: necesita orientación, claridad y respeto. Negarle esas tres cosas es prolongar su sufrimiento.

La salud mental no puede sostenerse únicamente con campañas, conferencias o declaraciones públicas. Se sostiene con medicamentos disponibles, canales de comunicación que funcionen, personal que informe con dignidad y una institución que comprenda que cada día sin tratamiento puede representar una crisis para quien espera.

La verdadera crueldad no consiste en un grito ni en un gesto violento. Consiste en obligar a quienes ya luchan contra su propia mente a enfrentarse también al laberinto de una institución que parece incapaz de responderles. 

Allí, el escenario permanece iluminado, los discursos continúan y la función nunca termina. Pero el paciente sigue esperando, y esa espera, interminable y silenciosa, es el acto más brutal de todos.

Thursday, May 21, 2026

El país de la herida abierta

 

 

 

 

 

México siempre ha conversado con sus fantasmas. Los antiguos dioses de piedra exigían sangre para mantener en movimiento al sol; los nuevos dioses, vestidos con trajes oscuros y escoltas blindadas, exigen obediencia, silencio y miedo. Cambian los nombres, cambian las ceremonias, pero permanece intacta la antigua liturgia del poder: dominar mediante el temor. Desde 2018, la nación parece haber descendido a un territorio ambiguo donde el Estado y el crimen ya no se enfrentan como enemigos visibles, sino que avanzan juntos como sombras que han aprendido a confundirse en la misma pared.

 

La consigna de “abrazos y no balazos” apareció como una promesa de reconciliación nacional. El lenguaje quiso sustituir a las armas; la compasión, a la guerra. Pero en México las palabras suelen terminar devoradas por la realidad. Mientras el discurso hablaba de pacificación, los caminos del país se llenaban de retenes invisibles, pueblos sometidos, territorios administrados por hombres sin rostro. La violencia dejó de ser únicamente una batalla entre criminales: se convirtió en una atmósfera, una forma cotidiana del miedo.

 

El mexicano aprendió otra vez a bajar la voz.

 

Hay países donde el Estado impone la ley. En México, vastas regiones parecen vivir bajo una soberanía fragmentada, repartida entre autoridades oficiales y poderes clandestinos. El narcotráfico ya no es únicamente una organización criminal; es una economía, una cultura del terror, una burocracia paralela. Cobra impuestos, decide candidaturas, administra silencios, financia campañas, premia fidelidades y castiga traiciones. Allí donde el gobierno se debilita, el cártel ocupa el vacío con una eficacia brutal.

 

La tragedia no consiste solamente en la expansión del crimen, sino en la sospecha creciente de que el poder político y el poder criminal han dejado de ser realidades separadas. La corrupción mexicana siempre fue una humedad subterránea, pero ahora muchos sienten que esa humedad ha podrido los cimientos mismos de la casa nacional. Las acusaciones sobre presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales han dejado de parecer episodios excepcionales para convertirse, en la imaginación pública, en parte de la normalidad del sistema.

 

Las campañas electorales, que deberían ser celebraciones de la democracia, aparecen rodeadas por rumores persistentes de financiamiento ilícito, presiones territoriales y pactos invisibles. La sospecha erosiona la legitimidad como el salitre devora lentamente una estatua. No importa únicamente si las acusaciones se prueban o no en tribunales; importa que millones de ciudadanos perciban que el poder ya no les pertenece, que las decisiones fundamentales se toman en zonas oscuras donde confluyen dinero, miedo y ambición.

 

La brutalidad devino en paisaje.

 

Las desapariciones forzadas son quizá la metáfora más terrible de nuestro tiempo. En otros siglos, México enterraba a sus muertos; hoy busca a sus desaparecidos en desiertos, montañas y fosas clandestinas. Madres con palas sustituyen a las instituciones. La nación entera parece convertida en un inmenso camposanto sin lápidas. Cada cuerpo hallado en la tierra revela no sólo la ferocidad criminal, sino también la ausencia del Estado. Porque el horror verdadero no es únicamente el asesinato: es la indiferencia posterior.

 

El secuestro, la extorsión y el asesinato dejaron de ser noticias extraordinarias. Son parte del murmullo cotidiano. El comerciante paga para sobrevivir; el periodista calla para no morir; el ciudadano aprende rutas invisibles para evitar retenes criminales. La impunidad no es un error del sistema: es el sistema funcionando. El crimen prospera porque rara vez encuentra castigo, y cuando el castigo no existe, la ley se convierte en una ficción retórica.

 

Mientras tanto, desde Estados Unidos llegan acusaciones, investigaciones, solicitudes de extradición y expedientes judiciales contra personajes vinculados al poder político mexicano. Nombres de gobernadores, funcionarios y operadores aparecen en declaraciones protegidas, investigaciones federales y testimonios judiciales relacionados con organizaciones criminales. Las autoridades mexicanas responden con negaciones, denuncias de intervencionismo o afirmaciones de insuficiencia probatoria. La verdad queda atrapada entre dos narrativas opuestas: la de la inocencia proclamada desde el poder y la de las investigaciones construidas en tribunales extranjeros.

 

Pero el problema de México no es únicamente judicial: es moral.


Una sociedad puede sobrevivir a la pobreza; incluso puede resistir la violencia. Lo que destruye a una nación es acostumbrarse a ellas. Y México parece hallarse precisamente en ese umbral peligroso donde el horror comienza a normalizarse. El miedo ya no produce indignación permanente; produce cansancio. El ciudadano se repliega en la esfera privada, desconfiando de todos: de los policías, de los partidos, de los jueces, de la prensa, del vecino. El tejido social se rompe no con explosiones visibles, sino con pequeñas fracturas diarias de desconfianza.

 

 Octavio Paz escribió que las sociedades terminan pareciéndose a las máscaras que usan. México ha usado demasiadas máscaras: la revolución, la democracia, el progreso, la transformación. Pero debajo de todas ellas persiste un rostro antiguo: el del poder que busca perpetuarse aun a costa de la verdad. El narcoEstado no nace únicamente cuando los criminales penetran al gobierno; nace cuando la sociedad deja de distinguir con claridad entre autoridad y crimen.

 

Entonces todo se vuelve niebla.

 

Y en la niebla, el ciudadano camina solo.